Primer año de vigencia de la ley norteamericana de transparencia en compañías públicas
Poniéndole precio a la confianza
Por Carlos Fernando Rozen
Para LA NACION
El 30 de julio último se cumplió el primer año desde la publicación la ley Sarbanes-Oxley, establecida para dotar de mayor transparencia y confianza a los sistemas de información de las compañías públicas; un intento sin precedente de acabar con los estragos de la vida corporativa en los Estados Unidos.
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Basta recordar las principales bancarrotas en ese país desde 2000: WorldCom, por US$ 107.000 millones en 2002; Enron, por US$ 63.400 millones en 2001, y Global Crossing, en 2002, por US$ 25.500 millones.
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Sumado a estos hechos, la desaparición de alguna importante firma de auditoría y la opinión pública en estado de shock provocaron en los legisladores una urgencia por actuar para acabar con lo que parecía el "Apocalipsis financiero americano", o tal vez mundial.
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Sin lugar a dudas, las prácticas empresariales han mejorado. Hay más transparencia y se actúa más cuidadosamente, pero no sabemos hasta qué punto se debe a la ley o al hecho de que tras los escándalos financieros los ejecutivos delegan menos y dedican más tiempo a tomar sus decisiones.
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La honestidad no es un valor que pueda imponerse. Sin embargo, podemos presagiar que la ley Sarbanes-Oxley tendrá un efecto positivo porque incrementa las posibilidades de ser descubierto en el supuesto de realizar prácticas deshonestas; asimismo el precio a pagar por ello crece notoriamente, algo que los hombres y mujeres de negocios tendrán en cuenta si actúan a conciencia.
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Además, la ley imparte mayores cuotas de transparencia para los "stakeholders" (accionistas, entidades reguladoras y el público en general).
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Entre las restricciones que la ley impone se encuentra la prohibición de que los auditores externos de las compañías públicas realicen muchos de los otros servicios que antes podían prestar no relacionados con esta tarea (servicios "non audit"), lo que evita que por "fidelidad al cliente" las auditorías no sean lo rigurosas que deben ser. Otro de los requerimientos de la ley es la exigencia de constituir un comité de auditoría formado por miembros independientes que han de cumplir con determinados requisitos técnicos financiero-contables, y de pericia en el ámbito en que opera la organización.
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Existen cuantiosos aspectos de la ley que necesitan aún desarrollarse, profundizarse y reglamentarse, y aun cuando eso ocurra, la mayor parte de las compañías no estará en condiciones de seguirla de plena conformidad, según opinión generalizada del Business Performance Management Forum.
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Pero también estimo que, si el Congreso de los Estados Unidos ha asignado al organismo de contralor de compañías públicas (SEC) casi 850 millones de dólares para el presente año fiscal -casi el doble del presupuesto del pasado año-, el cumplimiento de la nueva ley debería ser considerado prioridad para los legisladores. Y en esta línea de pensamiento no son palabras, sino hechos concretos los que indican que la SEC tomó seriamente su lucha contra los fraudes financieros: se trata de la mayor sanción civil que la SEC haya impuesto en su historia (500 millones de dólares a WorldCom). Y lo que es más notorio aún: esta suma iría a parar a un fondo de compensación de los inversionistas afectados por la bancarrota de este gigante, más lo recaudado por conciliaciones fuera del ámbito judicial (se estima que otros cientos de millones).
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La ley impone una gran carga de trabajo a la alta gerencia y dirección de las empresas que cotizan sus acciones en los mercados de valores. Pero ¿es tan innovadora esta ley o simplemente concentra gran parte de las buenas prácticas de gobierno corporativo que, con ley o sin ésta, deben formar parte de la actuación honesta de las empresas? ¿Podríamos considerar, en la Argentina, tal como afirmaron algunos expertos norteamericanos que intervinieron en la discusión de la ley, que sólo será una gran carga para firmas que no estaban llevando a cabo buenas prácticas de empresa?
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Preguntas argentinas
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También cabe preguntarse si en nuestro país habrá empresas que intenten eludir la normativa, esquivándola en forma legal mediante su conversión a firmas privadas. No por nada durante este último año el número de empresas públicas que pasaron a ser privadas se incrementó en más de un 20% respecto del mismo período del año anterior, según información suministrada por la New York Stock Exchange.
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Por último, y considerando que esta legislación intenta inyectar confianza al sistema financiero, cabe preguntarse: ¿cuánto vale la confianza para la economía? Entendemos que la suma de los activos involucrados en las bancarrotas, la pérdida de jubilaciones de miles de ciudadanos, la cesantía en miles de puestos de trabajo, la pérdida de ahorros de toda una vida y la recesión económica sólo ayudan a comprender una parte del valor destruido, pero no su totalidad.
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El autor es socio de BDO-Becher Lichtenstein & Asociados

LA NACION | 24.08.2003