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irregularidades en préstamos del BID y del BM Los créditos internacionales, en la mira La Justicia y los entes de control del Estado comprobaron que hubo anomalías en la ejecución de algunos programas
La justicia federal, la Auditoría General de la Nación (AGN) y las auditorías internas de los ministerios a los que llegan estos recursos detectaron en algunos proyectos presuntas irregularidades vinculadas con la contratación de consultores, fallas en los procesos licitatorios, contratos sobrevaluados y vericuetos administrativos para eludir a los organismos de control. A modo de ejemplo: en un programa destinado a grandes conglomerados urbanos que ejecuta el Ministerio del Interior, en 1999 se pagó a los consultores un promedio de $ 5342 la hora cátedra para dar capacitación en informática. Y en otro, en el ámbito del Ministerio de Economía, se usó un crédito para comprar un automóvil BMW. Estos créditos ya pasaron a engrosar la abultada deuda externa porque deben devolverse en dólares, aunque a tasas bajas y a largo plazo. Aunque si esta plata fue mal usada por los funcionarios de turno tendrá que ser restituida por todos los argentinos, sin haber gozado de los beneficios para los que fue otorgada. La percepción que existe en el Estado, tanto en el ámbito político como técnico, es que "estos créditos constituyen una de las principales fuentes de corrupción" de la administración central, debido a los montos que circulan por año. En esta opinión coincidieron seis fuentes consultadas por LA NACION (empleados técnicos, ex funcionarios y otros en ejercicio que conocen de cerca el tema). Para tener sólo una idea, en los últimos cinco años el BID y el Banco Mundial prestaron a la Argentina en todo concepto casi US$ 14.946 millones, según las cifras que ellos mismos proporcionaron. Las autoridades de los bancos, sin embargo, se mostraron remisas a admitir que los préstamos internacionales pueden ser un foco de corrupción. Sólo reconocieron casos aislados, en los que intervinieron para neutralizarlos. "Los desvíos son menores -aseguró a LA NACION la representante del Banco Mundial en la Argentina, Myrna Alexander-. Es bastante difícil tener pruebas de corrupción, pero en la implementación concreta no hay más problemas en la Argentina que en otros países." Un informe elaborado el año último por la auditoría interna del Ministerio del Interior señaló reiterados "objetivos desvirtuados" de los programas y responsabilizó a los organismos internacionales por la ausencia de un control eficaz. "Existe una corresponsabilidad entre los organismos internacionales y los deudores en el desarrollo de procedimientos que aseguren la conducción de los programas", sostiene el documento. El BID y el BM aducen que hacen cumplir normas muy estrictas en la ejecución de estos programas. Y que ya aplicaron sanciones a quienes no cumplieron. Los bancos no pueden participar en la designación del personal que interviene en el proyecto (consultores, por ejemplo, que son los que aconsejan sobre la forma de instrumentarlo), aunque sí tienen poder de veto si no se respeta la normativa acordada. Así lo confirmaron Alexander y el representante del BID en el país, Jorge Elena. Sin embargo, dos fuentes de primer nivel (un ex funcionario y otro en el cargo), que participaron en negociaciones directas con miembros del banco, aseguraron que éstos habían tratado de imponer sus propios consultores para facilitar el desembolso de los créditos, lo que por supuesto es negado por los representantes de las entidades. La queja por este requisito, incluso, llegó a oídos del titular del BID, Enrique Iglesias, comentada por la misma fuente que narró ante LA NACION los detalles de esa conversación. "Ay... Estos de abajo que negocian con los amigos", contestó Iglesias, según la fuente. "No creo que sea una política del banco como institución, sino con la línea de abajo", concluyó el funcionario involucrado. Casos El único caso que hasta ahora llegó a la Justicia, debido a la cantidad de pruebas que se pudieron aportar, es una denuncia de la Oficina Anticorrupción en la que se puntualizan irregularidades, cometidas en 1999, en el programa Grandes Aglomerados Urbanos (GAU) del Ministerio del Interior. Allí se detectaron consultores con superposición de horarios, licitaciones internacionales que no se realizaron e "irrazonabilidad" en el precio de los cursos, según la OA. Estos datos fueron hallados por la consultora externa Deloitte & Touche, cuya intervención encomendó el BID, y luego giradas a la OA por el ex secretario de provincias René Bonetto. El banco tomó rápida intervención en el asunto. Analizados estos hechos sospechosos, que involucran un monto de $ 6.000.000, el BID no reconoció a la Argentina los $ 2.000.000 que se habían gastado en este proyecto y estudia si avalará los otros cuatro en cuestión. También instrumentó un sistema de control más riguroso con este programa. "Es más complicado porque quizás hace más pesada la ejecución de este proyecto, pero hubo determinados hechos y no podemos seguir operando como si no sucediera nada." La AGN es uno de los organismos encargados de ejercer el control externo de estos programas. Sus auditores analizan cómo se gastaron esos recursos con un año de atraso. En ese sentido, en los informes públicos de 1999 y 2000 comprobaron las mismas deficiencias contables que se enumeran en el único caso que se encuentra en los tribunales de Comodoro Py. Pero esta vez la deficiencia en la documentación de los contratos y en el proceso de selección de los consultores, entre otros puntos, se extendió a los proyectos en poder de los ministerios de Salud, Economía, Trabajo y Educación. Los puestos en el Estado que manejan estos recursos son preciados para pagar favores políticos... si la plata se hubiera utilizado para la gente ahora estaríamos en otra situación", se lamentó un técnico que padeció de cerca los límites que le impuso la política.
Por María Fernanda Villosio
Interior desplazó a un funcionario Era intermediario con las provincias
Este organismo, cuya coordinación está a cargo del reciente funcionario, es el encargado de administrar los créditos internacionales y sirve de intermediario con las provincias donde se ponen en funcionamiento los distintos emprendimientos financiados desde el exterior. "No vamos a poner esto bajo la lupa, sino bajo el microscopio", aseguró Perl, que además reconoció que de los programas ejecutados "había muchos cuestionados". La UEC se desenvuelve como una estructura paralela al ministerio, con recursos y normas propios. El financiamiento del personal, así como de los insumos, proviene de una parte de los préstamos que otorgan el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM). En realidad, como estos fondos se reparten a distintos ministerios, cada uno de ellos tiene su propia UEC, como también los conformaron las provincias y las municipalidades. En 2000 se habían llegado a contabilizar cientos de UEC en todo el país. Los bancos internacionales ofrecen al país dos tipos de préstamos. Uno llamado de "inversión", que es el que se utiliza para las UEC y que no depende de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por lo que en la actualidad se desembolsa normalmente, salvo por los tropiezos propios de cada plan. Y otro denominado de desembolso rápido (como el megacanje), que es el que está frenado por falta de consenso con el FMI. El destino de los préstamos de inversión es la realización de obras, de proyectos de infraestructura, de ayuda a sectores sociales, modernización del Estado o reforma fiscal, entre otras metas. En todos los casos, el Gobierno tiene que aportar una suma de dinero para completar el gasto total del emprendimiento. El BID, que tiene en ejecución alrededor de 40 programas, financia un 50% del proyecto, y en algunos casos de alto impacto social, hasta un 60%. El BM, en tanto, aporta desde un 50 hasta un 80 por ciento. Multas mensuales Si el Estado nacional no tiene recursos para cumplir con su parte, el programa se detiene. Pero si la plata está aprobada y no se ejecutó por ese motivo, la Argentina debe pagar una suerte de multa mensual por ese dinero inutilizado. La tasa de interés con la que el país devuelve estos fondos, en varios años, es relativamente baja: aproximadamente el 5 por ciento. El ritmo habitual de ejecución de un programa es de cinco años. En el curso de ese tiempo las entidades bancarias van otorgando anualmente los recursos, y en forma escalonada. Para hacerlo, tienen en cuenta que se hayan cumplido con todos los requisitos previstos en el contrato firmado entre el Gobierno y los bancos. Es por eso que, en general, la entidad crediticia realiza el control de que se haya cumplido lo pactado con posterioridad al desembolso. La entidad bancaria recibe los informes de la Auditoría General de la Nación (AGN) y si tiene alguna duda encarga un estudio más profundo. "Revisamos dos o tres veces por año la contabilidad para verificar la situación de los programas", explicó la representante del Banco Mundial, Myrna Alexander. "El banco no puede hacer una denuncia si encuentra una irregularidad, porque no le corresponde hacerlo. Pero sí puede tomar otras medidas como suspender el crédito", concluyó |
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