Este fue el principal requerimiento formulado ayer por el fiscal Guillermo Marijuan al juez federal Norberto Oyarbide, entre otras medidas solicitadas en la causa iniciada anteayer tras la presentación del Senado de la Nación.

La solicitud es significativa, ya que implica que la fiscalía considera que puede haber delitos. Precisamente, en ese contexto es que Oyarbide solicitó a las autoridades del Senado que concurran a los Tribunales a ratificar la denuncia.

Reacciones

Por otra parte, la presentación judicial provocó la rápida reacción de quienes tuvieron a su cargo la conducción de ambas cámaras parlamentarias durante el período (1995-1999) en el que se detectó la supuesta defraudación mediante la confección de facturas "mellizas" de trabajos realizados por la imprenta.

"Durante mi gestión no recibí información sobre dolo alguno en el área de la imprenta de ninguno de los miembros de la cadena de conducción. Si no, también hubiera hecho idéntica denuncia", afirmó el canciller, Carlos Ruckauf.

El senador Eduardo Menem (PJ-La Rioja), fue más tajante: "Descarto que los presidentes de las cámaras hayan estado al tanto de estas maniobras", aseguró.

Las aclaraciones de ambos dirigentes respondieron a las derivaciones que podría tener la causa que, por el momento, involucra a funcionarios de segunda línea.

Los imputados son el director y subdirector de Administración y Finanzas, Osvaldo Mamut y Hugo Pini, respectivamente, y el jefe de Marketing y Servicios, Néstor Fuentes. Del resto de los acusados, por el momento sólo se sabe que uno falleció y que otro se habría acogido a un retiro voluntario.

Sin embargo, la denuncia podría terminar complicando a las autoridades de ambas cámaras, según fuentes judiciales. Esto es así debido a que la administración de la imprenta del Congreso le corresponde año por medio a cada cámara legislativa. Y a eso se suma el hecho de que las sumas involucradas fueron pagadas en efectivo por la Cámara alta, según la denuncia.

El único que no formuló declaraciones sobre las repercusiones de la presentación judicial fue el actual diputado y ex titular de la Cámara baja durante todo el gobierno menemista, Alberto Pierri. Sin embargo, tanto Ruckauf como Menem desligaron al dirigente peronista bonaerense de cualquier participación en la estafa.

"No creo que esta cuestión sea de responsabilidad del presidente del Senado y del presidente de Diputados, que son los jefes administrativos máximos de las dos casas", afirmó el senador riojano. Ruckauf descartó que el actual jefe de campaña de la interna peronista de Carlos Menem haya tenido "cualquier conocimiento" de las maniobras dolosas.

En tanto, Maqueda salió a desligar cualquier vinculación de su denuncia con la campaña electoral interna justicialista y el lanzamiento de la precandidatura de su jefe político y gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota.

En un comunicado en el que agradeció los pedidos de entrevistas formulados anteayer por la prensa, el senador cordobés aclaró que si los rechazó fue porque "no existe" de su parte "ningún interés de promoción personal, sino el cumplimiento de la obligación de recuperar el prestigio institucional del cuerpo".

La denuncia judicial fue formulada por el director general de Asuntos Jurídicos del Senado, Aldo Ghiglione, en respuesta a un decreto firmado por Maqueda, y quedó radicada en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral, quien se encuentra de vacaciones por la feria judicial.

Los delitos denunciados se encuadran en la figura de defraudación a la administración pública y asociación ilícita, que prevén penas de hasta 10 años de prisión e inhabilitación para ejercer la función pública.

LA NACION | 31/07/2002 | Página 05 | Política